Santa Cruz Barillas en Guatemala: una de cal y demasiadas de arena

                                                                                          María Suarez Toro, Escribana

Las comunidades de Santa Cruz Barillas en Huehuetenango, junto con el apoyo de organizaciones guatemaltecas y la solidaridad internacional, lograron hacer que el gobierno del retirado militar y actual Presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, levantara el estado de sitio el pasado 19 de mayo en la zona.

Mayo 2012, Presidente y sus tropas en Barillas.
Foto de Cultural Survivial

Pero siguen pendientes todas las otras demandas de una comunidad asediada por  empresas mineras e hidroeléctricas como Hidro Santa Cruz que, apoyadas por el gobierno, quieren apoderarse legítimamente de las tierras indígenas de las márgenes del río rio Q’anb’alam que rodea toda Barillas y es una de sus fuentes de vida, para vender electricidad a otros países, seg’un denuncia la ciudadan’ia en sus blogs y medios.

El Presidente   el pasado  7 de mayo, defendió en Conferencia de Prensa la empresa hidroeléctrica con argumentos que ignoran lo que ha documentado la ciudadanía desde el 2007, cuando rechazaron el proyecto e ignorando referirse al uso desmedido de la fuerza militar para resolver un problema “ambiental” como califica el conflicto. Pérez Molina dijo que “este es un tema de desarrollo económico, de datos y propuestas, de ver qué es lo que favorece al medio ambiente… “Las hidroeléctricas son un tema de oportunidades, y está científicamente demostrado que ofrecen energía limpia y renovable, además de que es la más barata hasta este momento.”

Desde el 23 de junio del 2007 la consulta comunitaria en la zona que contó con la participación de 46,479 personas  de las comunidades aledañas al rio Q’anb’alam que rodea toda Barillas, tuvo como resultado el rechazo a la explotación minera y la construcción de hidroeléctricas por una votación en la que apenas 9 personas votaron a favor de los proyecto.

Las comunidades exigen la suspensión inmediata de las licencias de construcción y operación del proyecto Cambalan. Demandan el reconocimiento de que la Empresa Hidro Santa Cruz ha sido la responsable del conflicto social en Barillas y que como consecuencia se le saque el municipio. Solicitan la conformación de una comisión de alto nivel con participación de la sociedad civil, que investigue la muerte de Andrés Francisco Miguel en los enfrentamientos del pasado 1 de mayo  y exigen la gobierno que cumpla su papel de proteger la seguridad de la población de Santa Cruz Barilla y desista de suspender los derechos constitucionales que se establecieron en los Acuerdos de Paz en 1996.

“Que se retiren de nuestro pueblo, que lo único que queremos que se esclarezca la muerte de nuestro hermano que murió aquí en el pueblo de Barillas, que se esclarezca quienes balearon a otras dos personas que están en un hospital, que sean aclarados estos hechos de violencia y que dejen de perseguir a gente inocente” dijo al día siguiente por celular desde las montañas aledañas a Barillas, doña Aura, una líder comunitaria que, junto con otros, pudo escapar las ordenes de captura.

                                  Estado de sitio, Barillas, foto de World Press

El estado de sitio que duraría un mes (NotiBarillas), había sido decretado por el Presidente del país el 3 de mayo como respuesta a la indignación de la población cuando el 1 de mayo un dirigente comunitario que fue asesinado y dos más heridos. Uno de los perseguidos fue Pablo Antonio Pablo, demandado por la empresa cuando se negó a vender su tierra, había recibido amenazas  desde el 2010 del cual existe una denuncia  en la PDH por persecución e intimidación de parte de la empresa.

Posteriormente 17  otras personas fueron encarceladas – entre ellos 2 mujeres – y varias casas allanadas, todo en circunstancias no esclarecidas hasta el momento.   Uno de ellos, Saul Méndez, tiene interpuesta una denuncia en la PDH de Huehuetenango por las amenazas recibidas de parte de la empresa.

El problema en el área no es nuevo ya que desde hace tres años existen conflictos entre la empresa hidroeléctrica que pretende construir una represa en el área y los vecinos, que se oponen porque “el Estado de Guatemala sigue dando concesiones y licencias a empresas extranjeras sin tomar en cuenta la palabra y la opinión de los pobladores que habitan esta zona violando el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del 2007” documenta en su blog  Global Voices la bloguera Renata Avila, añadiendo que la población de Santa Cruz Barillas había puesto una denuncia ante el Juzgado de Paz de la zona cuando encontraron artefactos explosivos activados y escucharon en una ocasión la denotación de bombas tipo Claimor en los terrenos de ingreso a la hidroeléctrica.

El operativo actual resultó en allanamientos, ordenes de captura, detenciones arbitrarias, interrogatorios violentos, desapariciones y aún así había sido ratificado por el Congreso el 8 de mayo. Fueron desplazados a la zona 500 efectivos militares y 200 policías según Rony Urizar, vocero militar.

“Esto es peor que lo que vivimos en el año 1982” – dijo doña Aura en una segunda llamada a dos semanas de encontrarse todavía huyendo en las montañas – entraron en mi hogar y se llevaron papelería y mis tarjetas bancarias; exijo que lo devuelvan todo y se vayan, ya sufrimos bastante en aquellos años para volver a vivirlo ahora.”

Francisca Hernández es la esposa de uno de los detenidos, dijo en TV Maya el pasado 10 de mayo que “por culpa dela empresa hidroeléctrica fue capturado su esposo que nada tiene que ver”. Cuenta que llegaron los soldados y la policía cuando su esposo estaba cortando leña en la casa y que se lo llevaron a la cárcel de Barillas, pero luego fue trasladado a la Cárcel Preventiva en la  Zona 18 en la ciudad, lo que para ella constituye una violación a los derechos por no haber debido proceso. “Es un castigo a las familias porque debería estar en la Cárcel de Santa Eulalia en Barillas, donde fue capturado y no a 13 horas del lugar.” Explicó que se les acusa de revoltosos, de golpear el ejercito, de pertenecer al narcotráfico, pero ‘él es un maestro de escuela con el que tiene 8 hijos que alimentar con su salario.”

Margarita Peña, también de la comunidad de Santa Cruz Barillas  exige que se investigue las causas del origen del conflicto. “Quieren dejarnos sin tierras, dejarnos sin agua porque se secaría el rio y me moriría la naturaleza.” Explicó que como mujeres, sienten lo mismo que en los años 80.

Entre 1980 – 1983 la estrategia militar de la guerra desarrolló acciones de eliminación total de comunidades como las operaciones de tierra arrasada masacres, ejecuciones, tortura y violaciones sexuales masivas que todavía no encuentran justicia ni reparación y por las cuales los altos mandos del ejército, como el actual Presidente mismo, no han respondido ante las cortes.

La presión que culminó en la suspensión del estado de sitio de mayo de este año y que exige justicia por las violaciones a derechos humanos perpetrados por las fuerzas públicas  estuvo caracterizada por cartas y movilizaciones  que se expresaron en solidaridad.

Entre ellas hay una publicada el 8 de mayo por las organizaciones miembros de la Coordinación y Convergencia Nacional Maya Waqib´ Kej Waqib´ Kej de sector académico y profesional, organizaciones feministas, campesinas y lideres y lideresas comunitarias, manifestaron  que “el gobierno está implementando una política de represión y criminalización de la lucha de las comunidades indígenas y campesinas que defienden a la Madre Tierra y su territorio y para esto ha desatado una casería de dirigentes hombres y mujeres…“

Exigieron al gobierno detener la construcción de la hidroeléctrica y levantar el estado se sitio do de sitio. Llamado a las organizaciones internacionales de derechos humanos, como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a pronunciarse y a las organizaciones indígenas, campesinas y populares “a rechazar la represión desmedida y el terror, así como la criminalización y persecución que las autoridades de gobierno están ejerciendo sobre mujeres, niños y ancianos y a la población guatemalteca y de países hermanos.”  Instaron a la poblaci’on a no dejarse manipular por informaciones falsas y tergiversadas que están siendo difundidas y que solo muestran la versión del gobierno y de los empresarios, obviando el lado humano y los derechos colectivos de los habitantes de Santa Cruz Barillas.

Por otro lado, una carta Abierta al Presidente de Guatemala el 6 de mayo recogió más de 200 firmas locales e internacionales tan solo en su primer día. Dice así:  “Señor presidente, nos indigna que en su gobierno se esté profundizando la militarización, la persecución y el terror como política pública, y el uso del Estado para la defensa de la agenda económica y de competitividad del empresariado nacional y transnacional.”

Exigen suspensión del estado de sitio y esclarecimiento y justicia antes las violaciones a derechos cometidas, y a largo plazo exigen que (8) Se reconozca  la validez y los resultados de las consultas comunitarias llevadas a cabo en Barillas en relación a la hidroeléctrica, y unas 61 consultas más realizadas hasta ahora en todo el país. El Convenio 169 de la OIT, el Código Municipal y la misma Constitución de la República avalan la lucha de los pueblos indígenas por defender su territorio. (9) Se suspenda la actividad de Hidro Santa Cruz, así como de las demás empresas hidroeléctricas del país, mineras, cementeras, petroleras y otros proyectos extractivos, hasta que las comunidades cuyos territorios sean afectados no hayan sido escuchadas y tenidas en cuenta. (10)  Se dé paso a un verdadero diálogo sobre el futuro del país para resolver de forma integral los reclamos de los pueblos indígenas y demás comunidades ante los intereses de las empresas nacionales y extrajeras que buscan lucrar con los recursos naturales. (11)  Que el gobierno de la República cumpla su obligación de defender a sus ciudadanos y no a las empresas. (12) Que finalice la criminalización de las personas y organizaciones que luchan por la defensa de sus derechos y su territorio.

Las mujeres y sus organizaciones se han destacado, como en todos los tempos, en la resistencia: han ido a las cárceles a reclamar por sus maridos, desafiando la persecución contra ellas también, se han mantenido en las casas cateadas y asediadas, han mantenido las siembras, a las mujeres capturadas que fueron llevadas a la cárcel desnudas le llevaron ropa y alimentos, además de la solidaridad moral y política, han estado en la prensa y han jurado seguir su lucha por las comunidades para que no mueran.

Ahora, como siempre,  exigen derechos, justicia y reparación, el trinomio  indispensable para que en Guatemala se pueda hablar de paz, como señala Doña Aura cuando clama el fin del estado de sitio, el respeto por la voluntad de las comunidades, devolución de los bienes y las garantías en los Acuerdos de Paz.

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