Exigen al gobierno panameño cumplimiento de acuerdos sobre recursos hídricos en Barro Blanco

                                                                    María Suárez Toro, Escribana

Panamá. 22 de abril, 2012. Mientras en la capital se reanudaron esta mañana las negociaciones en la comisión especial entre legisladores y representantes de los Ngäbe Buglé sobre el caso de la empresa GENISA en Barro Blanco, ayer los campesinas y campesinos indígenas del Movimiento 10 de Abril dieron un plazo de dos semanas a las autoridades panameñas para que ordene en cese de operaciones y la presentación de un nuevo estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico de Barro Blanco en el río Tabasará a la altura de Tolé, para definir la legalidad o ilegalidad del proyecto que afectaría negativamente su Comarca.

                                    El río Tabasará con GENISA al fondo,
                                              foto Oscar Songandares 

El anuncio fue realizado por dos dirigentes del Movimiento, Ricardo Miranda y Clementina Pérez en conferencia de prensa en San Félix en Chiriquí ayer. Están indignados porque en acuerdo original al que llegó el gobierno con los Ngäbe Buglé en marzo pasado, incluía el cese de los trabajos de la empresa GENISA y una negociación, luego de masivas protestas nacionales entre enero y febrero.

La negociación culminó en una ley especial adoptada por la Asamblea Legislativa y sancionada por el propio Presidente Martinelli. La Ley 11 del 26 de marzo del 2012 establece un régimen especial para los recursos minerales, hídricos y ambientales dentro de la comarca Ngäbe Buglé y las áreas anexas definidas conforme a la Ley 10 de 1997 (que creó la Comarca) y la carta orgánica de la Comarca (que le da un carácter de provincia territorio semi-autónomo).  

El pueblo Ngäbe Buglé no ha sido consultado por los proyectos aprobados como lo exige la ley que protege el territorio, reconocido legalmente por el Gobierno de Panamá como propiedad colectiva.

Sectores del pueblo Ngäbe Buglé, en cuenta dos Congresos de Autoridades Locales – Ñurum y Kodri – han pedio a sus autoridades que defiendan los derechos de su territorio, solicitando a la cacique General, a los Caciques Regional, Local y su coordinadora, un análisis exhaustivo de  los artículos 6,7 y 8 de la Ley 11.

Los artículos en mención dicen que futuros proyectos hidroeléctricos deben contar con aprobación del pleno del Congreso General, Regional o Local según categoría del espacio necesarío y posteríormente un referéndum en la respectiva circunscripción (Art. 6). El Artículo 7 se refiere a una serie de beneficios para la Comarca que deberán tomarse en futuros proyectos hidroeléctricos y el Artículo 8 se refiere a la creación de un Fondo de Desarrollo para la Comarca, con los que resulten los beneficios del Artículo 7.
Algunas autoridades tradicionales como la cacica suplente – Majita Andrade – ha llevado un caso al Ministerío Público de Chiriquí para constatar si se ha viola el derecho indígena con los acuerdos.

Oscar Songandares de la Asociación Ambientalista de Chiriquí dijo a Al Jazeera (14/05/12) que la empresas que han faltado a la ley al no presentar nuevos Estudios Ambientales de Impacto cuando modificó la capacidad de megavatios que aparecía originalmente en el proyecto. Añadió que el gobierno ha fallado al no exigirlos. “El Estudio original que afectará la Comarca indígena no contempla en impacto de la represa en la biodiversidad de la zona del Valle de Tabasará.

Mientras tanto, el Movimiento 10 de Abril había ocupado pacíficamente las zonas del proyecto desde inicios del mes de abril levantado un campamento en protesta contra la continuidad de la construcción del proyecto. En lugar de una respuesta política, el gobierno envió efectivos de la policía antimotines a la zona que hirieron a los manifestantes al punto de necesitar hospitalización.
La Cacica Silvia Carrera de los Ngäbe Buglé se había reunido el 19 de mayo en Santiago de Veraguas con los manifestantes que se habían encampamentado frente a la empresa.


                          Reunidos en San F’elix, foto  Gritointercontiental

Analizaron la situación para definir las medias a seguir. Carrera dijo en esa ocasión a La Estrella que su pueblo en estos momentos está peleando por su agua porque con el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco se está destruyendo el río Tabasará. Pidió a la Policía Nacional que cesara los enfrentamientos con su gente y al gobierno responsabilizarse de la atención médica de los afectados. 
 
Conocido como ‘Movimiento 10 de Abril’, el grupo de la Provincia de Chiriquí lleva su nombre desde que ese día en 1999 la población de los márgenes del río emprendió protestas en defensa del río y contra los proyectos de represas hidroeléctricas.

El 18 de mayo los reportajes radiofónicos de RPC que evidenciaron la naturaleza pacífica de las protestas. Un representante de los manifestantes, cuyo nombre no se entendió de la transmisión de radio, dijo que estaban en campamento a la orilla opuesta del proyecto porque en las pasadas manifestaciones en febrero pasado cuando los Ngäbe Buglé se tomaron la Carretera Interamericana, el gobierno justificó la represión diciendo que los indígenas estaban afectando a terceros. “Ahora no afectamos a nadie” declaró.
Una de las manifestantes es la viuda de Gerónimo Rodríguez uno de los dos indígenas asesinados por la policía en aquella ocasión. Fidelina dijo que estaba allí porque no hay respuesta del gobierno y su marido dio la vida contra la hidroeléctrica. “La vida la damos por nuestros derechos y nuestros recursos”, recalcó.

Por su lado el Ministro de Gobernación de Panamá, Jorge Ricardo Fábrega había dicho  enfáticamente a la agencia Al Jazeera recientemente que el gobierno no va a cancelar la construcción de Barro Blanco.

El gerente de la empresa GEINA, Aldo López, defendió hoy en una reunión de la subcomisión que discute el tema hídrico en la Asamblea Nacional solicitada por los integrantes de la Coordinadora por la Defensa de los Recursos Minerales y Derechos del Pueblo Ngäbe Buglé y Campesino, que el proyecto está 100% fuera de la comarca. Había dicho a Al Jazeera el mes pasado que “por lo cual no era necesario consultar a las Ngäbe Buglé”, sin embargo, hoy dijo en las sesiones que tiene en sus manos permisos de dirigentes de la Comarca desde que hace muchos años se trabajó en los permisos. El gerente dijo que como no se está extrayendo agua en este momento, no se está afectado las zonas indígenas.

La dirigencia indígena, en la voz de la Cacica Carrera insiste en el cierre del proyecto, mientras grupos de estudiantes y otros se apostaron afuera de la legislatura en defensa de las demandas de los indígenas y en la Comarca hay grupos de presión que se manifiestan para eso, para presionar por una solución pronta.

Pero el pueblo Ngäbe Buglé sabe que muchas de sus comunidades a los márgenes del río serán afectadas.  Unos 5, 000 habitantes indígenas de Kia, que trabajan la tierra y pescan en el río, serían impactados directamente de completarse el proyecto.


                                                    Kia, foto Al Jazeera

Adicionalmente, la selva de la sierra del Tabasará en la Provincia de Chiriquí alberga una gran biodiversidad: anfibios y reptiles, entre ellos muchos que sólo se encuentran en este lugar y que están amenazados de extinción. Entre ellos se encuentra la rana azul del Tabasará, que sólo vive en las orillas del río que quedarían inundadas por el embalse.

Se oponen al proyecto y ya lo han demostrado muchas veces. La más reciente fue la protesta de febrero de este año que movilizó a todos los Ngobe Buglé y la opinión pública y solidaridad nacional de movimientos, sindicatos, campesinos, estudiante, agrupaciones, gremios y partidos de oposición.

Como resultado el gobierno desistió de aprobar la extracción de minería de cobre en la Comarca, pero no hizo lo mismo con la explotación de los recursos hídricos, dejando algunas decisiones para otro momento debido a peritajes a realizar.

La represión de autoridades armadas en enero y febrero fue tan extensa que los informes de violaciones a los derechos humanos dan cuenta de dos muertos, más de un centenar de heridos y detenidos, violencia y violaciones contra las mujeres y otros derechos que actualmente son investigados y han sido presentados a las instancias nacionales judiciales y de derechos humanos y a las relatores de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos. 
 
La resistencia a las hidroeléctricas tiene una larga historia. En la década de los ’70, ante  protestas masivas, el propio Presidente Omar Torrijos tuvo que suspender Tabasará I, un proyecto de represa diseñado para producir 220 megavatios destinados a proporcionar energía a la mina de cobre del Cerro Colorado en territorío Ngäbe Buglé.

Nuevamente a finales de los ’90 fue propuesto otros proyecto de menor escala (48 megavatios) en el mismo lugar, el cual generó masivas protestas culminado en arrestos y encarcelamientos de indígenas el 10 abril del 1999.
La región entera está afectada por la cantidad de proyectos.

Milagros Sánchez Pinzón, una historiadora mexicana viviendo en David hace varias décadas, comentó con Escribana su mas recientemente una investigación denominada “Impacto socio ambiental de las hidroeléctricas en Panamá”. El estudio analiza la pobreza que dejará en las comunidades campesinas el elevado número de concesiones para generar energía sin tomar en cuenta la necesidad de agua para consumo humano y la producción agrícola. Dice que “hoy día hay en construcción 27 proyectos hidroeléctricos y 50 concesiones en proceso de aprobación”.

Explicó que el río Chiriquí Viejo es el más sacrificado de todos, ya que cuentan 14 proyectos hidroeléctricos en sus aguas que bañan poblaciones de decenas de miles de personas como Cerro Punta, Volcán, Paso Canoa y gran parte de la zona del Barú. “Unos 120 agricultores usan el agua para regar sus plantaciones por gravedad en la estación seca y han vivido de eso siempre.

Adicionalmente, documenta que las comunidades se abastecen del río porque no tienen agua potable de otras fuentes. “El caudal del río es fundamental para el desarrollo agropecuario, condenado al colapso social si se hacen las hidroeléctricas”.

“Todos los involucrados en el proyecto de Barro Blanco – desde la empresa constructora, hasta el gobierno y las autoridades locales – han sido severamente cuestionados por esas irregularidades. Igual suerte ha corrido las Naciones Unidas por aprobar el proyecto bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio MDL (esquema de compensación de carbono de la ONU) con el argumento de que la energía obtenida será “sostenible” y “limpia”, cosas que no lo es ante el impacto en la biodiversidad y la sostenibilidad de las poblaciones” dice el blog chiriqui.com.

Al Jazeera document’o que las comunidades en las riberas arriba de la cuenca del río saben lo que puede pasar. La experiencia de lo que sucedió en el proyecto hidroeléctrico del alto del río Changuinola en el 2011. El poblado de Guiyaboa desapareció totalmente, inundado por la represa construida en la Reserva Biosférica de La Amistad por AES Corporation con sede en Virginia, Estados Unidos.

En sus entrevistas con pobladoras y pobladores, Al Jazeera pudo constatar que la gente ni siquiera fue avisada, viéndose forzadas a desplazarse a las partes altas cuando vieron que el río crecía sin parar. Cuando vieron que cubrir sus casas, sus cosechas, sus escuelas y demás, se percataron de lo ocurrido.

La organización alemana Rettet den Regenwald (Salva la Selva) ha iniciado una protesta en línea dirigida al banco alemán de desarrollo DEG que conjuntamente con el banco FMO de Holanda construyen actualmente GENISA. Salva la Selva fue fundada en Alemania en 1986 como una organización ambiental políticamente independiente en defensa de los habitantes de los bosques tropicales y los espacios que habitan. Su blog da cuenta que más de 20.000 personas ya se han unido a la protesta con su firma, exigiendo que retiren la financiación al proyecto.

Guadalupe González, ambientalistas de Salva la Selva, dijo a Escribana que el proyecto Barro Blanco está recibiendo 25 millones de dólares del Banco Alemán de Desarrollo DEG, junto con otro banco holandés FMO y el Banco Centroamericano de Integración Económica.

“Nuestra organización está coordinando una protesta internacional, para que el banco conozca las circunstancias exactas y los impactos reales de este proyecto sobre la población Ngäbe Buglé, ya que en las evaluaciones realizadas por el Banco no se recogen dichos impactos ni parece que el  Banco conoce los conflictos que existen entre el gobierno y los indígenas, pues no los mencionan en ningún lugar, ni tampoco en la comunicación que hemos mantenido con el Banco” dijo.

González aclaró que la organización está convencida que DEG debe retirar dicha financiación, de acuerdo a las demandas de la población afectada, por lo que continúan informando a la opinión pública “ya que el banco de desarrollo se financia con los impuestos de los ciudadanos alemanes, estos tienen derecho a conocer cómo se utiliza su dinero, y el hecho de este uso esté provocando problemas a un pueblo originario como el Ngäbe Buglé.

La Comarca Ngäbe Buglé ocupa una extensión territorial de 6,968.0065 km2, 8% del territorío nacional, segregados de tres provincias: Bocas del Toro, Chiriquí y Veraguas. Es la comarca más extensa de las cinco que existen en el país y la de mayor cantidad de habitantes con una población estimada de 150,550 indígenas.  Los Ngäbe, que son la mayoría, hablan Ngäbere, mientras que el grupo más pequeño los Buglé, hablan  Buglére. Entre los dos constituyen en grupo indígena más grande en Panamá. Ambos son idiomas Chibchas que comprenden un grupo de lenguas, cuyo territorio tradicional se extiende desde el noreste de Honduras, través de la costa Caribe de Nicaragua, el territorio de Costa Rica, Panamá y Colombia hasta el oeste de Venezuela.

GEINA (Generadora del Istmo, S.A.) fue creada en el 2006 bajo las leyes de Panamá, específicamente para la ejecución and operación del Proyecto Hidroeléctrico Barro Blanco, según consta en su documento oficial publicado en internet. La represa que pretende producir 29 megavatios de energía eléctrica que estaría destinada al sistema nacional de energía. La represa tendrá  55 metros de altura en su punto más alto y 360 metros de largo. Su embalse de 2,58 kilómetros abarcaría al menos 6,68 hectáreas de áreas anexas de la comarca Ngäbe-Buglé; una compuerta de acero para el paso del agua hacia la planta energética con tres turbinas y tres generadores, un canal de descarga que devolverá el agua al río, una subestación y una línea de transmisión de 1 Km que conducirá la energía a la red nacional. En el lugar de la represa, el río tiene 20 metros de ancho. La superficie de tierras y río abarcada por el proyecto será de al menos 258 hectáreas. Adicionalmente se construirían 1,23 km de carretera de acceso desde la Panamericana.

La descripción no contempla la afectación que sufrirían poblados como Kia, ubicados al río arriba de la represa, el cual desaparecería por inundación, como pasó en Guiyaboa.

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